Ni la ultraderecha ni el PSOE cuestionan el régimen de guerra que está reorganizando Europa. Lo que se decide el 29 de noviembre es la velocidad, el tono y el entusiasmo con que el estado español se somete a él: no es lo mismo, pero tampoco es la paz.

Sánchez grabó su primer vídeo de precampaña delante del Guernika, recuperando el «No a la guerra» y apropiándose, con estudiado cinismo, de la memoria democrática y de una frase que no es suya: que «ninguna guerra es inevitable». Es la idea que el pacifismo, y muy especialmente el pacifismo feminista, lleva años oponiendo a quienes nos presentan la guerra como un fenómeno inherente al poder y a veces, una cuestión casi existencial que implica esfuerzos y sacrificios, como suele decir Mark Rutte, Secretario General de la OTAN. 

El orden internacional en el que votaremos este 29-N se define por ser un orden en conflicto, donde la violencia, en sus diferentes formas, se despliega con una ferocidad que ya ni siquiera se molesta en disimularse. No es una percepción. Según el SIPRI, el gasto militar mundial alcanzó en 2025 los 2,887 billones de dólares, su undécimo año consecutivo de crecimiento, con una Europa que lo disparó un 14 % hasta los 864.000 millones y unos miembros europeos de la OTAN que lo incrementaron más deprisa que en ningún otro momento desde 1953; en paralelo, el continente ha triplicado sus importaciones de armas en el último lustro hasta acaparar un tercio de las compras mundiales, y casi la mitad de lo que compra lleva el sello de Estados Unidos. Y según el Uppsala Conflict Data Program, el año 2025 cerró con 65 conflictos armados con participación de Estados y ocho guerras entre Estados, las cifras más altas desde que empezaron a registrarse en 1946, es decir, desde el final de la Segunda Guerra Mundial, en uno de los años más sangrientos desde el genocidio de Ruanda. La ruptura del viejo orden hegemónico occidental, del capitalismo liberal liderado por los socios euroatlánticos —Washington, Londres y la siempre sumisa Bruselas—, deriva de su agotamiento caníbal: el de un capitalismo que se engulle a sí mismo, incapaz de regenerarse sin volverse cada vez más feroz y más desigual.

Eso es lo que llamamos régimen de guerra: un orden político decidido desde el gran capital deliberadamente y en el que el conflicto armado, el uso de la violencia o su amenaza, muchas veces interesadamente fabricada, se convierte en el motor que reorganiza la estructura economica y todas las esferas de la vida pública y privada; una «gobernanza de guerra», en palabras de Raúl Sánchez Cedillo, en la que se gobierna para la guerra y la guerra sirve como forma de gobierno. Hacia fuera de los Estados, se expresa en el rearme, en la complicidad con el genocidio en Palestina, en la militarización y externalización de las fronteras y en ese ajuste político, económico y cultural que las élites europeas imponen al Sur Global. Hacia dentro, en la transferencia de recursos de la vida, lo común, lo colectivo, hacia los cuarteles; en una deuda convertida en mecanismo de disciplinamiento, con unas reglas fiscales que se flexibilizan para comprar armas pero no para sostener la sanidad, la educación o los cuidados; en la criminalización de la disidencia, y en una militarización social que coloniza nuestras pantallas, nuestras calles y nuestras subjetividades. Porque la guerra, siempre, es una decisión de las élites, y su régimen necesita, para sostenerse, un orden de género que le sea funcional.

En una Europa fascistizada y entregada al rearme y al genocidio, Sánchez y los escasos gobiernos que han tensado la cuerda con Israel —Irlanda, la Eslovenia de Robert Golob, algún tímido gesto belga— podrían parecer un contrapoder o un dique de contención. Aunque el posicionamiento sobre Palestina le ha dado oxígeno en política exterior al presidente español, lo cierto es que su condena del genocidio ha estado más mediado por la demoscopia que por una voluntad genuina de quebrar las relaciones con el sionismo: no en vano, según el Real Instituto Elcano, el 82 % de personas en el estado español calificaba ya en el verano de 2025 de genocidio lo que Israel hace en Gaza. Más allá de lo simbólico, esa posición no ha tenido una traslación real que sirviera para revertir la tendencia colaboracionista europea —la UE mantiene en vigor su Acuerdo de Asociación con Israel y es el cordón umbilical que, junto con EEUU, mantiene viva la colonia sionista—, ni siquiera para cortar los lazos en casa: como documentaron el Centre Delàs y El Salto, las relaciones armamentísticas con Israel fueron más lucrativas que nunca desde octubre de 2023, con 46 contratos de empresas israelíes con administraciones españolas por valor de 1.044 millones de euros, y el embargo aprobado por real decreto-ley convive con lo que el mismo centro describe como una política activa de opacidad y desinformación. Eslovenia ofrece, además, una lección amarga sobre la fragilidad de estos diques: apenas una semana después de formar gobierno, el ultraderechista Janez Janša levantó el embargo de armas a Israel y el veto de entrada a Netanyahu, Smotrich y Ben Gvir. Lo que un gobierno progresista concede como gesto, uno ultra lo revoca por decreto. Algo haremos mal los progresismos cuando gobiernan, que cuando vuelven los bárbaros, pueden borrarlo todo de un plumazo.

Entonces. ¿Pueden cambiar los escenarios internacionales y el papel del estado español en ellos a partir de este 29N? En lo esencial, el proyecto de régimen español y su bicefalia partidista mantienen un claro alineamiento internacional que no varía en lo sustancial pese a la alternancia de partidos: se basa en la OTAN, el euroatlantismo y una América Latina tratada como subalterno y no como igual. El giro atlantista de Aznar frente a la política multilateralista de Zapatero, que retiró las tropas de Irak en 2004, pudo ser uno de los pocos diferenciales reales de las últimas décadas; pero el otanismo entregado de Pedro Sánchez, de Josep Borrell, que proclamaba que la guerra de Ucrania se ganaría en el campo de batalla de un “jardín europeo”, o de Margarita Robles al frente de Defensa ha hecho palidecer al aznarismo de las Azores. Basta recordar que fue este Gobierno el que entregó el pueblo saharaui a una potencia ocupante al respaldar el plan de autonomía marroquí.

Ahora bien, una victoria de la derecha y la ultraderecha podría acelerar y exacerbar esas tendencias y ponerlas al servicio del eje reaccionario, la versión fascistizada del imperialismo del Norte Global. No olvidemos que Vox se presenta como el partido de la soberanía nacional, pero su agenda internacional se escribe en despachos ajenos: la presidencia de Patriotas por Europa, la foto con un Netanyahu que calificó de «ejemplar» la defensa que Abascal hace de Israel o la celebración, el pasado 3 de enero, de la captura de Maduro por el ejército estadounidense, prueba que su patriotismo es pura fachada. De hecho, las rupturas internas de Vox y de otras formaciones ultras en torno a los posicionamientos con Israel han estallado en medio de la precampaña. En el PP, con Isabel Díaz Ayuso reconvertida en católica apostólica sionista, ocurre parecido. En el eje iberoamericano, no cabe duda de que el referente sería el Escudo de las Américas que Trump lanzó en marzo en su club de golf de Doral, la coalición militar de gobiernos derechistas —de Milei a Kast— con la que Washington despliega la llamada doctrina Donroe sobre lo que vuelve a tratar como su patio trasero. En Europa, se posicionaría con el eje conservador y ultraconservador Bruselas-Londres-Berlín, similar a lo hecho por Meloni, asumiendo finalmente los marcos últimos que marca la OTAN. Cabe esperar, por tanto, un alineamiento sin matices con Washington y Tel Aviv, bases a disposición del Pentágono y una política migratoria convertida en frente bélico. El «más muros y menos moros» de Abascal que también funciona a Feijoo… y alagunos más a la izquierda. 

Además, implicaría una penetración aún mayor del sionismo a través de lobbies como ACOM, el mismo que lleva una década persiguiendo en los tribunales a los ayuntamientos que se declaraban espacios libres de apartheid israelí, y la consiguiente represión del movimiento propalestino. La agenda «antiantifa» de Marco Rubio, que en noviembre de 2025 designó como terroristas a cuatro grupos antifascistas y anarquistas de Alemania, Italia y Grecia en nombre de la persecución del terrorismo de extrema izquierda, encontraría en un gobierno de PP y Vox, acompasado con la derecha judicial y policial, el mejor aliado para acelerar la represión interna y el Estado policial global. Conviene, eso sí, no hacerse trampas: ese Estado policial ya está aquí, y lo están construyendo también gobiernos que se dicen progresistas o centristas. Lo muestran los cinco de Ulm, en prisión preventiva desde septiembre de 2025 por dañar las instalaciones de Elbit Systems y juzgados en Stammheim, la cárcel levantada para la RAF; las más de 3.400 personas detenidas en el Reino Unido laborista por mostrar su apoyo a Palestine Action; o el caso de Fergie Chambers, encarcelado en España desde el 10 de julio a petición de la Administración Trump y con un Consejo de Ministros que en septiembre dio luz verde a que la solicitud de extradición siga su curso en los tribunales, así como las detenciones de activistas propalestinos en el Estado español, como las de Bilbao y Getxo del pasado junio, investigados por terrorismo por administrar un canal de Telegram. En todas esas causas, la conexión entre el estado policial y el sionismo es evidente, amplificada por los medios de la derecha digital.

No obstante, hay que señalar que un gobierno de PP y Vox no necesitaría inventar nada para desplegar esta proyección que señalábamos más arriba. Ha sido Margarita Robles quien ha elevado a niveles históricos el gasto militar español —39.476 millones de euros en 2025, un 2,42 % del PIB y un 35 % más que el año anterior, según el Centre Delàs—, a sabiendas de que dotaba de más poder y recursos a unos cuerpos armados donde la extrema derecha está sobrerrepresentada con respecto al resto de la sociedad. Según los barómetros del CIS, militares y policías son el colectivo profesional donde Vox obtiene su mayor respaldo, y la derecha en su conjunto ronda el 70 % de la intención de voto. La agenda del 5% de la OTAN ya la han avanzado, y mucho, Sánchez y sus socios de gobierno, asumiendo sin rechistar el rearme europeo y un acuerdo comercial con Trump que compromete 750.000 millones de dólares en compras de energía estadounidense y abre la puerta a nuevas compras de armamento para goce de Indra, Escribano, Navantia o Airbus. Y la militarización social -y de género- es ya una realidad: a una mayoría de derechas le bastarían un par de golpes de mano en el Parlamento para tener todos los deberes hechos.

De ahí el enorme silencio de Vox, del PP y de las fuerzas conservadoras ante el gran tema de época: el rearme. Si Feijóo o Abascal no han percutido más ahí —han hablado de marcos de securitización y han reprochado a Sánchez su deslealtad con los aliados, pero se han mostrado satisfechos con las inversiones y los planes de la industria militar— es porque se les ha puesto en bandeja una España rearmada para una Europa que dice querer librar una guerra existencial. Feijóo se limita a exigir un compromiso «inequívoco» con la OTAN sin aclarar si asumiría el 5 %, y Abascal, a pedir más gasto. El trabajo sucio ya está hecho.

En suma, una victoria de las derechas se traduciría en sumisión imperial, en seguidismo de la agenda de las élites capitalistas europeas y en una represión interna para la que no estamos preparados ni preparadas, y que se cebaría sobre todo con las personas migrantes, las mujeres y las personas LGTBIQ+. Pero tampoco aquí partirían de cero. El Pacto Europeo de Migración y Asilo se aplica desde el 12 de junio, y Bruselas ya ha pactado un reglamento de retorno que abre la puerta a centros de deportación en terceros países Es el ejemplo más concreto de que el control fronterizo militarizado es una agenda compartida por todo el espectro socioliberal y conservador europeo, de la socialdemocracia a la ultraderecha.

Pero bien, soñar es gratis: imaginemos otro escenario, el de una victoria por los pelos de un Parlamento de fuerzas progresistas y soberanistas o al menos, no conservadoras y ultraconservadoras. En ese caso, conviene no volver a convertir a Sánchez en el último dique antiimperialista de Europa, sino asumir que, sin presión, como se hizo en la calle con Palestina, su agenda internacional siempre tenderá hacia la derecha y hacia arriba. Un nuevo gobierno socialista, con sus socios a la izquierda debilitados, seguiría rentabilizando el choque retórico con Trump sin tocar las bases, los contratos ni la senda del gasto. Es la socialdemocracia de los créditos de guerra que denunció Rosa Luxemburgo hace más de un siglo, la que discrepa del ritmo y nunca del rumbo, y que no se moverá de sus posiciones si no tiene una izquierda real y organizada en sus bases que la confronte desde el anticapitalismo, la decolonialidad y la creencia en que un nuevo orden internacional es posible. 

La disyuntiva del 29N no enfrenta, por tanto, la guerra a la paz, sino dos maneras de administrar la subordinación: la de quienes se arrodillan ante Washington con entusiasmo y la de quienes negocian con Bruselas los plazos del rearme sin cuestionar su destino. Todo ello, con el capital internacional intentando visibilizar como saldremos de la era Trump, tras la derrota del republicano en las midterms. Y, sin embargo, tampoco sería coherente decir que son lo mismo. Frenar a la extrema derecha es imprescindible; confundir eso con una política exterior de paz sería regalarle al régimen de guerra su coartada más eficaz.

La buena noticia es que la impugnación a este régimen no espera a las urnas, y la está protagonizando una juventud a la que se le pide que ponga el cuerpo en la próxima guerra. En Alemania, el movimiento Schulstreik gegen Wehrpflicht ha sacado a la calle a decenas de miles de estudiantes en cuatro huelgas escolares contra el nuevo servicio militar, la última el 25 de septiembre con más de 45.000 jóvenes en un centenar de ciudades, bajo pancartas que reclaman «Bildung statt Bomben»: educación y no bombas. En Francia, la revuelta de los lycéens llegó a afectar a más de mil institutos en un solo día contra un presupuesto que suprime casi 1.600 plazas docentes mientras el gasto en Defensa no deja de crecer y donde las reivindicaciones de gasto público para educación y no militarización siempre han estado presentes junto a la banderas palestinas. En el estado español, las acampadas han vuelto una y otra vez a exigir que se rompa con Israel y que se detenga el rearme europeo. En Grecia, los universitarios marcharon en marzo en Atenas para exigir que el país se mantenga fuera de la guerra, y los estibadores europeos se sumaron en masa el 30 de octubre a una huelga internacional contra los envíos de armas en más de cien puertos. Todas esas voces impugnan el régimen de guerra, el rearme y la militarización, y rechazan la idea de una guerra existencial, sea en Ucrania o en el genocidio de Gaza, que solo hace ricos a los de arriba. Ninguna guerra es inevitable.